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Esta confirmado, ya podemos afirmar que dos semanas en Argentina equivalen a una década. Pasamos del debate “gatillo fácil” al de “puerta giratoria”. ¿O es que la ley se aplica diferente según los apellidos?

Por dos votos contra uno, el Tribunal Oral Federal N°4 entendió que el ex-vicepresidente Amado Boudou merece detención domiciliaria porque “no entorpece la investigación del caso Ciccone II”. Tal vez esto sea cierto, pero también es un hecho que Boudou ya tiene una condena por el caso “Ciccone I”. Es decir que su reclusión no es por “prevención” durante un proceso judicial, sino más bien es el cumplimiento de una condena. Si, no está firme porque aun quedan las eternas etapas de apelaciones. La pregunta entonces es ¿cuántos delincuentes comunes puede recibir la detención domiciliaria bajo el concepto de “no entorpecer” alguna otra investigación? Muchas veces una persona que cometió el típico robo a mano armada no tiene estos beneficios ni siquiera cuándo aun carece de condena.
Amadou Boudou quedó preso por un grave caso de corrupción, cuándo intentó usar testaferros para adueñarse la empresa Ciccone, la máquina de imprimir billetes. Fue condenado a más de 5 años de prisión, inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos. En su momento a muchos nos pareció poco, pero ahora nos damos cuenta que ya no es nada. Su sentencia a prisión fue en agosto-2018, y no duró ni 5 meses, pues seguramente no se mude a un terreno baldío o un ranchito de 20 metros cuadrados. Lo más irrisorio es que para salir paga un seguro de 1 millón de pesos. ¿De dónde los sacó? ¿Tenía un millón en algún lado y solo se lo multó con 90 mil?

Lamentablemente no es el único caso dónde el poder político y empresarial tiene esto beneficios. El Dr Carlos Menem posee condena por malversación de fondos y tráfico de armas, pero sigue siendo un “honorable senador nacional”. Incluso hasta se pensó que era lógico aplicar el “2x1” a los delitos de lesa humanidad, cuándo normalmente existe mucho rechazo a esta normal. Esto sumado al pequeño detalle de referirnos a personas que violaron la principal ley del país y aplicaron "justicia/ejecución" sin juicios previos ni derechos elementales.
Ahora el socio corrupto de Boudou, pero sin condena firme, José María Nuñez Carmona pide también la excarcelación. ¿Cuánto tiempo para que esta mano blanda alcance al resto de funcionarios y empresarios detenidos?

En oposición la ministra de seguridad, Patricia Bullrich despertó el revuelo mediático y político al cambiar el protocolo para el uso de armas de fuego dentro de las fuerzas de seguridad. Es curioso que este anuncio se realice como una gran necesidad cuándo el mismo gobierno dice que el actual método viene reduciendo la inseguridad.

En junio de 2018 el ministerio de seguridad dijo que el balance del año anterior era una reducción del 13% en la  tasa de los asesinatos, una baja del 7% de los robos y un incremento de 120% de incautación de cocaína. También se declaró que se incrementó un 95% la cantidad de personas rescatadas de la trata de personas.
Es un hecho que las fuerzas de seguridad necesitan y merecen poder defenderse en el cumplimiento del deber; pero tampoco estamos en México, Brasil y Colombia. En 2016 murieron 22 efectivos, al año siguiente fueron 7. En 2014 fueron heridos 178, y tres años más tarde fueron 136. Estas cifras fueron difundidas en abril de 2018 por el Ministerio de Seguridad, quien además concluye “Para ello, la premisa fundamental es la capacitación, para que cada oficial se encuentre preparado en el momento de enfrentar un delito. Y que pueda utilizar un amplio abanico de herramientas antes de usar un arma de fuego”. Por lo visto ocho meses más tarde la visión es otra.

La actual tasa de homicidios en Argentina en 2017 bajó al 5,2. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), un nivel de 10 puntos es considerado “epidemia”. Incluso el relevamiento de las 50 ciudades más violentas del mundo realizado por CCSPJP, 42 se encuentran en Latinoamérica, pero ninguna de ellas es argentina. México, Brasil y Venezuela lideran la lista con ciudades que superan los 100 puntos. Al pie del ranking se encuentra Cúcuta (Colombia) con 34,78. Muy lejos, la ciudad de Santa Fé es la más violenta del Argentina con 22.2 casos cada 100 mil habitantes. No somos Chile, quien tiene una tasa nacional de 3.6; pero tampoco somos una zona de guerra como si les pasa a algunos de nuestros vecinos sudamericanos que hasta han militarizado las calles (Venezuela, Brasil, Colombia, Honduras, etc).
Tal vez el mayor problema de “inseguridad” que tiene el país no sean los delincuentes en si mismo, sino la ausencia de una estructura para evitar la reincidencia. Las universidades han demostrado una y otra vez cómo la educación reduce la reincidencia en un 85%, pero no existen programas integrales para llevar escuelas y talleres a todas las cárceles. Peor aun, hace 20 años que no se construían cárceles en la provincia de Buenos Aires (hipersaturadas, inhumanas y en emergencia sanitaria según Justicia). Ahora que la gobernadora María Eugenia Vidal encara un proyecto para construir y mejorar las condiciones, con parámetros de calidad internacional que incluyen educación y trabajo, se la critica por no usar ese dinero en las escuelas y hospitales. Una completa contradicción; se quiere bajar la inseguridad pero se critica cuándo se aplican efectivos programas a largo plazo.

En oposición la organización Transparencia Internacional ubica a la Argentina en el top 95 en el índice de percepción de corrupción, con una leve mejoría de 4 posiciones en 2016. Pero con 36 puntos estamos lejos de la barrera de 59.5 para ser considerados “los menos corruptos”. Brasil es top 79, Chile 24 y Uruguay 21.
Alemania, Luxemburgo (paraíso fiscal) y Gran Bretaña comparten el top 10 en el índice de percepción de corrupción. Y no es de sorprender que sean de los países con las leyes más claras y duras. En Alemania el soborno a un funcionario público es un delito muy grave, se realice dentro o fuera del país, implique altos miembros o personal contratado. Desde 2010 en Gran Bretaña la pena mínima efectiva es de 10 años de prisión, la multa es ilimitada y hasta se puede confisca el total de las propiedades del condenado, socios y familiares.

Definitivamente en Argentina hay muchos deberes por hacer en todas las áreas de gobierno y estado. Y si, sería genial bajar aun más las tasas de inseguridad/homicidios/robos; sentirnos seguros y orgullosos. ¿Pero con qué lógica y moral se legisla y aplican las leyes? Quienes no pertenecen a las elites, se endurecen los protocolos de seguridad como si vivieramos en una situación de guerra, cuándo claramente no lo es. Y quienes son culpables por graves delitos de corrupción, se les perdona como si el país viviera en un paraíso de transparencia y bienestar. Definitivamente al momento de hablar de “seguridad y justicia” tenemos grave problema de prioridades.

El G20 terminó, se logró firmar un documento consensuado y el país vuelve a la normalidad. ¿Y ahora qué? ¿En qué benefició al país?

En las 48 horas que duró la Cumbre, el Presidente Mauricio Macri tuvo 17 reuniones bilaterales. Del mismo modo, el resto del gabinete, gobernadores y técnicos asistieron a decenas reuniones. Encuentros destinados a conseguir inversiones, acuerdos comerciales, promoción turística y otros convenios. En una primera estimación, entendimientos por 3000 millones de dólares.

Ferrocarril San Martín Cargas.
La empresa estatal “China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) colaborará con la modernización del ramal de cargas con una inversión de 1089 millones de dólares. El objetivo es recuperar 1020 kilómetros de vías entre Mendoza y los puertos de Rosario y Buenos Aires. El proyecto se inició en 2017 y prevé la incorporación de 67 locomotoras nuevas, de las cuales 38 ya se encuentran en el país.  Se espera que con esta modernización se pase de transportar 1,5 millones de toneladas a 3 millones en 2025 y 8 millones en 2030.

Vaca Muerta.
Es una de las joyas energéticas del país, pero durante años su producción fue limitada por cuestiones financieras y tecnológicas; pero ahora la situación es otra. En su discurso de 5 hojas, Presidente Vladimir Putín expuso su interés en la reconstrucción del Ferrocarril Roca de Cargas con la finalidad de unir el yacimiento con el puerto de Bahía Blanco. En forma paralela, el gobierno norteamericano, mediante la corporación para la Inversión Privada en el Extranjero estadounidense (OPIC), firmó múltiples acuerdos energéticos que incluyen la construcción de un gasoducto hasta Rosario.

Energías.
Una de las grandes deudas del país es la capacidad energética, superior a los u$s 3.200 millones. En este sentido estarían por llegar nuevos financiamientos e inversiones. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó créditos para la modernización del Complejo Hidroeléctrico Binacional de Salto Grande y para un programa productivo-turístico para dicha región. En total 130 millones de dólares.
Las energías verdes ganaron respaldo en varios puntos del país. YPF-Luz recibirá 50 millones para construir el Parque Eólico Cañadón Leon, Santa Cruz, de 122 Megavatios. En tanto Genneia también recibirá un fuerte respaldo de 118 millones para construir plantas solares y eólicas en Chubut y San Juan (Ullum).
Desde el noroeste, el respaldo del Banco Europeo de Inversión y la Agencia Francesa de Desarrollo, en la provincia de Jujuy se continuaran con los proyectos de energía solar. Los parques Cauchari I, II y III son tres complejos que se están terminando de construir con una capacidad de 100 Megavatios cada uno. Con el nuevo respaldo se espera poder construir 13 plantas, de menor capacidad, para abastecer el consumo desde la red de la distribuidora provincial EJESA. 

Bancos y Financias.
Uno de los últimos anuncios fue la renovación y ampliación de acuerdo de Swap entre los Bancos Centrales de Argentina y China por un monto superior a los 60 mil millones de yuanes. Sumado a los acordados en 2017, el monto llega a los 130 mil millones (más de 18 mil millones de dólares). Este convenio que implica el intercambio de monedas es un instrumento financiero que protege los préstamos/inversiones de la volatilidad cambiaria (suba o baja), además de que permite una reducción de las tasas de interés aplicada en los préstamos. 
Por su parte el Japan Bank for Internacional Cooperation (JBIC) firmó junto al Banco Nación un préstamo de u$s 60 millones para que se reinviertan el productos/servicios japoneses necesarios para completar proyectos de infraestructura.
 
Comercio Exterior.
Un eje central para la estabilidad del dólar es la balanza comercial, si las exportaciones son más que las importaciones, ingresan divisas. En este sentido se firmaron nuevos acuerdos. La República Popular de China se comprometió a retomar las compras de porotos y aceite de soja por un monto de 2-3 millones tn y 300/400 mil tn. También se sumará arándanos y carnes ovina, caprina y equina. Estados Unidos levantó las restricciones a la carne bovina nacional y limones.
Por su parte, el Presidente de Singapur manifestó su interés en la compra de carnes y vino. En tanto se podría comenzar a exportar litio a La India.
El tan buscado acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea seguirá pendiente, esta vez por el desinterés de Brasil en el mercado del sur y las relaciones multilaterales. Aun así se obtuvo importantes respaldos desde Francia, Alemania, España y Países Bajos.

Otros.
Es continuo respaldo de Argentina al Acuerdo de Paris y la lucha contra el Cambio Climático tuvo su efecto. El mismo Presidente Emmanuel Macron manifestó que Francia no apoyará proyectos en países que estén por fuera del acuerdo, en referencia al brasilero Jair Bolsonaro que anunció la salida de su país. En oposición la Agencia Francesa de Desarrollo financiará con 140 millones de dólares la construcción de obras hídricas, en tanto desde Unión Europea también se podrían recibir 45 millones para tratamiento de residuos sólidos y 80 millones para  obra de agua y saneamiento.
En materia de transporte terrestre llegarían inversiones chinas, norteamericanas y del BID para los corredores andinos, la ruta 5 y la ruta nacional 7. 

Los documentos firmados son muchos: acuerdos de financiamiento, intercambio comercial, protocolos de exportaciones, cooperación tecnológica, respaldo ante inversores, flujo informativo contra el lavado de dinero e incluso convenios para el reconocimiento de aportes jubilatorios. Algunos llegarán a buen puerto, otro no tendrán los resultados deseados, y muchos otros tal vez ni siquiera se ejecuten. Pero definitivamente algo  quedará, además de una foto de Mandatarios y una cuantiosa cuenta millonaria en gastos de organización. Algo que no es poco en un mundo marcado por una guerra comercial entre las dos potencias mundiales y la expansión de las políticas nacionalistas-proteccionistas.