Mano Blanda y Mano Dura

Esta confirmado, ya podemos afirmar que dos semanas en Argentina equivalen a una década. Pasamos del debate “gatillo fácil” al de “puerta giratoria”. ¿O es que la ley se aplica diferente según los apellidos?

Por dos votos contra uno, el Tribunal Oral Federal N°4 entendió que el ex-vicepresidente Amado Boudou merece detención domiciliaria porque “no entorpece la investigación del caso Ciccone II”. Tal vez esto sea cierto, pero también es un hecho que Boudou ya tiene una condena por el caso “Ciccone I”. Es decir que su reclusión no es por “prevención” durante un proceso judicial, sino más bien es el cumplimiento de una condena. Si, no está firme porque aun quedan las eternas etapas de apelaciones. La pregunta entonces es ¿cuántos delincuentes comunes puede recibir la detención domiciliaria bajo el concepto de “no entorpecer” alguna otra investigación? Muchas veces una persona que cometió el típico robo a mano armada no tiene estos beneficios ni siquiera cuándo aun carece de condena.

Amadou Boudou quedó preso por un grave caso de corrupción, cuándo intentó usar testaferros para adueñarse la empresa Ciccone, la máquina de imprimir billetes. Fue condenado a más de 5 años de prisión, inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos. En su momento a muchos nos pareció poco, pero ahora nos damos cuenta que ya no es nada. Su sentencia a prisión fue en agosto-2018, y no duró ni 5 meses, pues seguramente no se mude a un terreno baldío o un ranchito de 20 metros cuadrados. Lo más irrisorio es que para salir paga un seguro de 1 millón de pesos. ¿De dónde los sacó? ¿Tenía un millón en algún lado y solo se lo multó con 90 mil?

Lamentablemente no es el único caso dónde el poder político y empresarial tiene esto beneficios. El Dr Carlos Menem posee condena por malversación de fondos y tráfico de armas, pero sigue siendo un “honorable senador nacional”. Incluso hasta se pensó que era lógico aplicar el “2x1” a los delitos de lesa humanidad, cuándo normalmente existe mucho rechazo a esta normal. Esto sumado al pequeño detalle de referirnos a personas que violaron la principal ley del país y aplicaron "justicia/ejecución" sin juicios previos ni derechos elementales.

Ahora el socio corrupto de Boudou, pero sin condena firme, José María Nuñez Carmona pide también la excarcelación. ¿Cuánto tiempo para que esta mano blanda alcance al resto de funcionarios y empresarios detenidos?

En oposición la ministra de seguridad, Patricia Bullrich despertó el revuelo mediático y político al cambiar el protocolo para el uso de armas de fuego dentro de las fuerzas de seguridad. Es curioso que este anuncio se realice como una gran necesidad cuándo el mismo gobierno dice que el actual método viene reduciendo la inseguridad.

En junio de 2018 el ministerio de seguridad dijo que el balance del año anterior era una reducción del 13% en la  tasa de los asesinatos, una baja del 7% de los robos y un incremento de 120% de incautación de cocaína. También se declaró que se incrementó un 95% la cantidad de personas rescatadas de la trata de personas.

Es un hecho que las fuerzas de seguridad necesitan y merecen poder defenderse en el cumplimiento del deber; pero tampoco estamos en México, Brasil y Colombia. En 2016 murieron 22 efectivos, al año siguiente fueron 7. En 2014 fueron heridos 178, y tres años más tarde fueron 136. Estas cifras fueron difundidas en abril de 2018 por el Ministerio de Seguridad, quien además concluye “Para ello, la premisa fundamental es la capacitación, para que cada oficial se encuentre preparado en el momento de enfrentar un delito. Y que pueda utilizar un amplio abanico de herramientas antes de usar un arma de fuego”. Por lo visto ocho meses más tarde la visión es otra.

La actual tasa de homicidios en Argentina en 2017 bajó al 5,2. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), un nivel de 10 puntos es considerado “epidemia”. Incluso el relevamiento de las 50 ciudades más violentas del mundo realizado por CCSPJP, 42 se encuentran en Latinoamérica, pero ninguna de ellas es argentina. México, Brasil y Venezuela lideran la lista con ciudades que superan los 100 puntos. Al pie del ranking se encuentra Cúcuta (Colombia) con 34,78. Muy lejos, la ciudad de Santa Fé es la más violenta del Argentina con 22.2 casos cada 100 mil habitantes. No somos Chile, quien tiene una tasa nacional de 3.6; pero tampoco somos una zona de guerra como si les pasa a algunos de nuestros vecinos sudamericanos que hasta han militarizado las calles (Venezuela, Brasil, Colombia, Honduras, etc).

Tal vez el mayor problema de “inseguridad” que tiene el país no sean los delincuentes en si mismo, sino la ausencia de una estructura para evitar la reincidencia. Las universidades han demostrado una y otra vez cómo la educación reduce la reincidencia en un 85%, pero no existen programas integrales para llevar escuelas y talleres a todas las cárceles. Peor aun, hace 20 años que no se construían cárceles en la provincia de Buenos Aires (hipersaturadas, inhumanas y en emergencia sanitaria según Justicia). Ahora que la gobernadora María Eugenia Vidal encara un proyecto para construir y mejorar las condiciones, con parámetros de calidad internacional que incluyen educación y trabajo, se la critica por no usar ese dinero en las escuelas y hospitales. Una completa contradicción; se quiere bajar la inseguridad pero se critica cuándo se aplican efectivos programas a largo plazo.

En oposición la organización Transparencia Internacional ubica a la Argentina en el top 95 en el índice de percepción de corrupción, con una leve mejoría de 4 posiciones en 2016. Pero con 36 puntos estamos lejos de la barrera de 59.5 para ser considerados “los menos corruptos”. Brasil es top 79, Chile 24 y Uruguay 21.

Alemania, Luxemburgo (paraíso fiscal) y Gran Bretaña comparten el top 10 en el índice de percepción de corrupción. Y no es de sorprender que sean de los países con las leyes más claras y duras. En Alemania el soborno a un funcionario público es un delito muy grave, se realice dentro o fuera del país, implique altos miembros o personal contratado. Desde 2010 en Gran Bretaña la pena mínima efectiva es de 10 años de prisión, la multa es ilimitada y hasta se puede confisca el total de las propiedades del condenado, socios y familiares.

Definitivamente en Argentina hay muchos deberes por hacer en todas las áreas de gobierno y estado. Y si, sería genial bajar aun más las tasas de inseguridad/homicidios/robos; sentirnos seguros y orgullosos. ¿Pero con qué lógica y moral se legisla y aplican las leyes? Quienes no pertenecen a las elites, se endurecen los protocolos de seguridad como si vivieramos en una situación de guerra, cuándo claramente no lo es. Y quienes son culpables por graves delitos de corrupción, se les perdona como si el país viviera en un paraíso de transparencia y bienestar. Definitivamente al momento de hablar de “seguridad y justicia” tenemos grave problema de prioridades.